TUENTI, UN NUEVO PROBLEMA PARA EL PROFESORADO
El profesorado del I.E.S La Campiña de Guadalcacín (Cádiz), una vez reunido en claustro extraordinario para valorar el episodio de escarnio público del que ha sido objeto por parte del alumnado del centro a través de la red social denominada Tuenti, quiere manifestar mediante este escrito su más absoluta indignación por lo ocurrido, además de alertar una vez más sobre el incremento de la violencia en los centros educativos, entendiendo por violencia un amplio abanico de actuaciones que están minando la enseñanza pública de forma preocupante.
En esta ocasión que nos ocupa, una serie de alumnos se han dedicado a colgar en Internet, sin autorización previa, una serie de fotos de profesores y profesoras del centro a las que han añadido, en algunos casos, comentarios ofensivos e injuriosos. Consideramos que se trata de un episodio intolerable, no solo por la falta de respeto que supone (a la que, lamentablemente, empezamos a estar acostumbrados), sino por lo que tiene de conculcación de los derechos más elementales de la ciudadanía; derechos que, en el caso de nuestra profesión, no están siendo protegidos por la autoridad competente, lo que está propiciando el deterioro de la enseñanza y el desprestigio social de la figura del docente. Y puesto que nos preocupa la situación y tememos un mayor deterioro aún de nuestra respetabilidad en los centros educativos, creemos que es necesario dar a conocer todos y cada uno de los episodios de violencia, e incluso acabar de una vez por todas con la ley del silencio que sobre este asunto existe actualmente en los institutos de toda España.
Por ese motivo, queremos denunciar públicamente el desamparo en el que la propia administración educativa, cada vez más represiva con la función docente, está dejando a sus profesores. En la actualidad, el docente es un colectivo humillado y denigrado con el consentimiento de la autoridad. Al igual que los colectivos históricamente maltratados, el de los profesores sufre idéntica parálisis a la hora de dar a conocer el ultraje del que es víctima. Del mismo modo que a una mujer maltratada le cuesta dar el paso de hacer público el maltrato de que está siendo objeto (en muchas ocasiones por sentimiento de culpa, o por temor o vergüenza), hoy día el profesor siente auténticos reparos a la hora de reconocer que un alumno le ha faltado al respeto, lo ha humillado públicamente, lo ha amenazado, le ha insultado, lo ha intimidado de diferentes maneras o directamente le ha agredido. El ciclo del maltrato es exactamente el mismo; los síntomas son idénticos: ansiedad, estrés, inseguridad, pérdida de autoestima, etc. Pero también son idénticos los episodios posteriores a la agresión. No es infrecuente que el agresor de una mujer maltratada se muestre arrepentido y pida disculpas, e incluso que recurra a familiares para que le ayuden a conseguir el perdón de la víctima. Idénticos episodios de descargo protagoniza el alumno que socava la autoridad del docente y le ultraja con un amplio repertorio de vejaciones posibles. Sólo existe una diferencia reseñable entre estos dos ciclos de violencia, pero se trata de una diferencia fundamental. Actualmente una mujer maltratada cuenta con el apoyo de una ley que la protege, además del sostén de una conciencia social, cada vez más sólida, que rechaza frontalmente la actuación del agresor. En cambio el profesor está completamente indefenso; no cuenta con ninguna ley que lo proteja ante la violencia del alumno agresivo. Es más, son precisamente las leyes de educación las que lo obligan a disculpar al alumno y dejar correr el caso. La impunidad con la que puede llegar a actuar el agresor en este caso es absoluta. No solo se ha privado al docente de la antigua autoridad de que disfrutaba en el aula, también se le ha dejado sin defensa. Como muchísimo, a un alumno que agrede a un profesor le caerá como castigo la expulsión de un mes menos un día, que es lo máximo estipulado por la ley para este tipo de faltas. No obstante, para los alumnos desinteresados en los estudios (que suelen ser los protagonistas de estas actuaciones), dicha condena no es un castigo; más bien es un regalo. Estamos hablando de un mes de vacaciones. Pero aún más; en la actualidad sigue habiendo bárbaros que, ante los casos de maltrato a las mujeres, todavía se plantean qué habrán hecho ellas para que las humillen. “Algo habrán hecho”, se preguntan. Como si el maltrato pudiera estar justificado en algún caso. Pues igual: “¿qué habrá hecho el profesor?”; o bien, “algo habrá hecho el profesor para que el niño actuara de esa manera”. Y la verdad es que resulta inquietante pensar en lo que pudo hacer el docente en cuestión: ¿Acaso le exigió que se aprendiera las tablas de multiplicar? ¿Acaso lo presionó demasiado para que se estudiara los verbos irregulares de la lengua inglesa? ¿Se atrevió a suspenderlo, acaso, ante la pertinaz negativa del alumno a trabajar lo más mínimo? Es decir, ¿incurrió en la grave incompetencia de ceder ante las circunstancias hasta el punto de llegar a suspender a un alumno que se niega por completo (porque puede negarse aunque se diga que la enseñanza es obligatoria) a aprender a leer en condiciones, por ejemplo, o a escribir, o a pensar, o a dividir con decimales, o a comportarse civilizadamente? Pero lo realmente indignante en el caso de la docencia es que es precisamente la autoridad educativa la que se plantea aquello de “qué habrá hecho el profesor”. Y es que para nuestra administración, sin duda el profesor no hizo lo suficiente. Ya de entrada, el profesor está bajo sospecha. Quizá no planteó la adecuada dinámica de grupo, o acaso no motivó suficientemente al alumno en cuestión. A los otros sí, pero a ese no. Quizá con este alumno no utilizó las estrategias de estímulo adecuadas. Ignoran qué pudo pasar, pero lo que está claro es que con este alumno no lo hizo bien y por eso se ganó el insulto, la burla pública, la falta de respeto o la patada en la espinilla, pongamos por caso. Para nuestras autoridades educativas este alumno es un bendito con enormes necesidades educativas, para el que hay que invertir todo el esfuerzo y energía, además de buena parte de los recursos, aunque sea precisamente de los que conculcan en los centros el derecho a la educación del resto de los alumnos. Y, por supuesto, los profesores que reivindicamos la dignidad de nuestra profesión, y simplemente tratamos de hacer respetar nuestra autoridad dentro del aula, formamos parte de un colectivo obsoleto con el que hay que acabar, o al que hay que acallar. O peor aún, se nos sigue ofendiendo al atribuírsenos unas prácticas docentes de carácter autoritario, como si la autoridad y el autoritarismo fueran sinónimos.
Sinceramente, no comprendemos cómo la autoridad educativa pretende mejorar la enseñanza en este país denigrando a sus docentes, desautorizándolos ante los alumnos y ante los padres, y poniendo cada vez más obstáculos para el correcto desempeño de sus funciones.
¿Por qué las autoridades encargadas de legislar en materia de educación no escuchan a los profesionales de la docencia? ¿Por qué hacen oídos sordos a nuestras protestas? ¿Acaso no están al tanto de la avalancha de cartas al director que, escritas por profesores indignados con la actual situación, publican diferentes medios de prensa escrita día sí y día también? ¿Acaso desconocen la amplia bibliografía que ya existe, y que desde hace varios años viene analizando con argumentos sólidos los distintos problemas que están minando la educación, a la vez que proponen soluciones razonadas y efectivas? ¿Por qué se mantiene desde el ministerio de educación, y desde las distintas consejerías, este empeño pertinaz en hacer tan mal lo que fácilmente se podría hacer muy bien a poco que nos dejaran trabajar como dios manda, sin las coacciones, e imposiciones, de que venimos siendo objeto los profesores? ¿Es que no se ha fracasado ya lo suficiente en materia de educación con la normativa vigente?
Por todas estas cuestiones, haciendo uso del derecho que nos asiste como ciudadanos, e incluso del deber que nos obliga a participar con responsabilidad en la vida civil de una democracia sólidamente consolidada, mediante este escrito de protesta y denuncia rogamos ser escuchados, exigimos que sean tenidas en consideración nuestras peticiones, y solicitamos lo siguiente:
Una legislación que proteja la respetabilidad del profesorado dentro de los centros educativos, reconociendo, sin ambigüedades ni posibilidad de equívoco, la autoridad del docente en el ámbito académico.
Una legislación que valore el esfuerzo, la enseñanza y el aprendizaje, y que reconozca, de una vez por todas, que es necesario combinar la libertad con la disciplina para formar a ciudadanos libres y responsables, para que así puedan adquirir las competencias necesarias que les hagan rechazar la ignorancia y la manipulación.
Una legislación que no conculque, vulnere o degrade el derecho de los alumnos a recibir una enseñanza de calidad, penalizando rigurosamente el delito que cometen a diario todos esos alumnos que imponen, con la complicidad, el apoyo y la asistencia de la actual normativa, la ley del peor educado en las aulas.
Una legislación en la que la O de las siglas que forman el término ESO haga referencia a un adjetivo que califica a la Educación, y no solo a la asistencia obligatoria que muchos de los alumnos que no tienen interés por los estudios (pero que sí estarían dispuestos a aprender honestamente un oficio) viven como un encierro penitenciario entre cuatro paredes.
Y, en definitiva, una legislación que, corrigiendo los muchos dislates que durante los últimos años se han ido introduciendo en el ámbito educativo hasta reducir la enseñanza obligatoria al penoso estado en que se encuentra, dignifique la actividad docente, recorriendo de nuevo la senda del sentido común, para que así pueda el profesorado volver a realizar, orgulloso y satisfecho, la función social prioritaria que se le tiene encomendada.
Claustro de profesores del I.E.S La Campiña (Guadalcacín)
El profesorado del I.E.S La Campiña de Guadalcacín (Cádiz), una vez reunido en claustro extraordinario para valorar el episodio de escarnio público del que ha sido objeto por parte del alumnado del centro a través de la red social denominada Tuenti, quiere manifestar mediante este escrito su más absoluta indignación por lo ocurrido, además de alertar una vez más sobre el incremento de la violencia en los centros educativos, entendiendo por violencia un amplio abanico de actuaciones que están minando la enseñanza pública de forma preocupante.
En esta ocasión que nos ocupa, una serie de alumnos se han dedicado a colgar en Internet, sin autorización previa, una serie de fotos de profesores y profesoras del centro a las que han añadido, en algunos casos, comentarios ofensivos e injuriosos. Consideramos que se trata de un episodio intolerable, no solo por la falta de respeto que supone (a la que, lamentablemente, empezamos a estar acostumbrados), sino por lo que tiene de conculcación de los derechos más elementales de la ciudadanía; derechos que, en el caso de nuestra profesión, no están siendo protegidos por la autoridad competente, lo que está propiciando el deterioro de la enseñanza y el desprestigio social de la figura del docente. Y puesto que nos preocupa la situación y tememos un mayor deterioro aún de nuestra respetabilidad en los centros educativos, creemos que es necesario dar a conocer todos y cada uno de los episodios de violencia, e incluso acabar de una vez por todas con la ley del silencio que sobre este asunto existe actualmente en los institutos de toda España.
Por ese motivo, queremos denunciar públicamente el desamparo en el que la propia administración educativa, cada vez más represiva con la función docente, está dejando a sus profesores. En la actualidad, el docente es un colectivo humillado y denigrado con el consentimiento de la autoridad. Al igual que los colectivos históricamente maltratados, el de los profesores sufre idéntica parálisis a la hora de dar a conocer el ultraje del que es víctima. Del mismo modo que a una mujer maltratada le cuesta dar el paso de hacer público el maltrato de que está siendo objeto (en muchas ocasiones por sentimiento de culpa, o por temor o vergüenza), hoy día el profesor siente auténticos reparos a la hora de reconocer que un alumno le ha faltado al respeto, lo ha humillado públicamente, lo ha amenazado, le ha insultado, lo ha intimidado de diferentes maneras o directamente le ha agredido. El ciclo del maltrato es exactamente el mismo; los síntomas son idénticos: ansiedad, estrés, inseguridad, pérdida de autoestima, etc. Pero también son idénticos los episodios posteriores a la agresión. No es infrecuente que el agresor de una mujer maltratada se muestre arrepentido y pida disculpas, e incluso que recurra a familiares para que le ayuden a conseguir el perdón de la víctima. Idénticos episodios de descargo protagoniza el alumno que socava la autoridad del docente y le ultraja con un amplio repertorio de vejaciones posibles. Sólo existe una diferencia reseñable entre estos dos ciclos de violencia, pero se trata de una diferencia fundamental. Actualmente una mujer maltratada cuenta con el apoyo de una ley que la protege, además del sostén de una conciencia social, cada vez más sólida, que rechaza frontalmente la actuación del agresor. En cambio el profesor está completamente indefenso; no cuenta con ninguna ley que lo proteja ante la violencia del alumno agresivo. Es más, son precisamente las leyes de educación las que lo obligan a disculpar al alumno y dejar correr el caso. La impunidad con la que puede llegar a actuar el agresor en este caso es absoluta. No solo se ha privado al docente de la antigua autoridad de que disfrutaba en el aula, también se le ha dejado sin defensa. Como muchísimo, a un alumno que agrede a un profesor le caerá como castigo la expulsión de un mes menos un día, que es lo máximo estipulado por la ley para este tipo de faltas. No obstante, para los alumnos desinteresados en los estudios (que suelen ser los protagonistas de estas actuaciones), dicha condena no es un castigo; más bien es un regalo. Estamos hablando de un mes de vacaciones. Pero aún más; en la actualidad sigue habiendo bárbaros que, ante los casos de maltrato a las mujeres, todavía se plantean qué habrán hecho ellas para que las humillen. “Algo habrán hecho”, se preguntan. Como si el maltrato pudiera estar justificado en algún caso. Pues igual: “¿qué habrá hecho el profesor?”; o bien, “algo habrá hecho el profesor para que el niño actuara de esa manera”. Y la verdad es que resulta inquietante pensar en lo que pudo hacer el docente en cuestión: ¿Acaso le exigió que se aprendiera las tablas de multiplicar? ¿Acaso lo presionó demasiado para que se estudiara los verbos irregulares de la lengua inglesa? ¿Se atrevió a suspenderlo, acaso, ante la pertinaz negativa del alumno a trabajar lo más mínimo? Es decir, ¿incurrió en la grave incompetencia de ceder ante las circunstancias hasta el punto de llegar a suspender a un alumno que se niega por completo (porque puede negarse aunque se diga que la enseñanza es obligatoria) a aprender a leer en condiciones, por ejemplo, o a escribir, o a pensar, o a dividir con decimales, o a comportarse civilizadamente? Pero lo realmente indignante en el caso de la docencia es que es precisamente la autoridad educativa la que se plantea aquello de “qué habrá hecho el profesor”. Y es que para nuestra administración, sin duda el profesor no hizo lo suficiente. Ya de entrada, el profesor está bajo sospecha. Quizá no planteó la adecuada dinámica de grupo, o acaso no motivó suficientemente al alumno en cuestión. A los otros sí, pero a ese no. Quizá con este alumno no utilizó las estrategias de estímulo adecuadas. Ignoran qué pudo pasar, pero lo que está claro es que con este alumno no lo hizo bien y por eso se ganó el insulto, la burla pública, la falta de respeto o la patada en la espinilla, pongamos por caso. Para nuestras autoridades educativas este alumno es un bendito con enormes necesidades educativas, para el que hay que invertir todo el esfuerzo y energía, además de buena parte de los recursos, aunque sea precisamente de los que conculcan en los centros el derecho a la educación del resto de los alumnos. Y, por supuesto, los profesores que reivindicamos la dignidad de nuestra profesión, y simplemente tratamos de hacer respetar nuestra autoridad dentro del aula, formamos parte de un colectivo obsoleto con el que hay que acabar, o al que hay que acallar. O peor aún, se nos sigue ofendiendo al atribuírsenos unas prácticas docentes de carácter autoritario, como si la autoridad y el autoritarismo fueran sinónimos.
Sinceramente, no comprendemos cómo la autoridad educativa pretende mejorar la enseñanza en este país denigrando a sus docentes, desautorizándolos ante los alumnos y ante los padres, y poniendo cada vez más obstáculos para el correcto desempeño de sus funciones.
¿Por qué las autoridades encargadas de legislar en materia de educación no escuchan a los profesionales de la docencia? ¿Por qué hacen oídos sordos a nuestras protestas? ¿Acaso no están al tanto de la avalancha de cartas al director que, escritas por profesores indignados con la actual situación, publican diferentes medios de prensa escrita día sí y día también? ¿Acaso desconocen la amplia bibliografía que ya existe, y que desde hace varios años viene analizando con argumentos sólidos los distintos problemas que están minando la educación, a la vez que proponen soluciones razonadas y efectivas? ¿Por qué se mantiene desde el ministerio de educación, y desde las distintas consejerías, este empeño pertinaz en hacer tan mal lo que fácilmente se podría hacer muy bien a poco que nos dejaran trabajar como dios manda, sin las coacciones, e imposiciones, de que venimos siendo objeto los profesores? ¿Es que no se ha fracasado ya lo suficiente en materia de educación con la normativa vigente?
Por todas estas cuestiones, haciendo uso del derecho que nos asiste como ciudadanos, e incluso del deber que nos obliga a participar con responsabilidad en la vida civil de una democracia sólidamente consolidada, mediante este escrito de protesta y denuncia rogamos ser escuchados, exigimos que sean tenidas en consideración nuestras peticiones, y solicitamos lo siguiente:
Una legislación que proteja la respetabilidad del profesorado dentro de los centros educativos, reconociendo, sin ambigüedades ni posibilidad de equívoco, la autoridad del docente en el ámbito académico.
Una legislación que valore el esfuerzo, la enseñanza y el aprendizaje, y que reconozca, de una vez por todas, que es necesario combinar la libertad con la disciplina para formar a ciudadanos libres y responsables, para que así puedan adquirir las competencias necesarias que les hagan rechazar la ignorancia y la manipulación.
Una legislación que no conculque, vulnere o degrade el derecho de los alumnos a recibir una enseñanza de calidad, penalizando rigurosamente el delito que cometen a diario todos esos alumnos que imponen, con la complicidad, el apoyo y la asistencia de la actual normativa, la ley del peor educado en las aulas.
Una legislación en la que la O de las siglas que forman el término ESO haga referencia a un adjetivo que califica a la Educación, y no solo a la asistencia obligatoria que muchos de los alumnos que no tienen interés por los estudios (pero que sí estarían dispuestos a aprender honestamente un oficio) viven como un encierro penitenciario entre cuatro paredes.
Y, en definitiva, una legislación que, corrigiendo los muchos dislates que durante los últimos años se han ido introduciendo en el ámbito educativo hasta reducir la enseñanza obligatoria al penoso estado en que se encuentra, dignifique la actividad docente, recorriendo de nuevo la senda del sentido común, para que así pueda el profesorado volver a realizar, orgulloso y satisfecho, la función social prioritaria que se le tiene encomendada.
Claustro de profesores del I.E.S La Campiña (Guadalcacín)
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